El secretario de Economía, Bruno Ferrari, estudia la posibilidad de aceptar que se agregue proteína de soya a la leche en mayor escala, como solicitan los industriales, quienes se niegan a aumentar un peso por litro. Con ambas cosas “se daría el tiro de gracia a más de 10 mil familias que les entregan leche de la mejor calidad sanitaria y nutricional”.

 

Así lo manifestó Álvaro González Muñoz, líder del Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche de México. Explicó que tanto los empresarios como los dirigentes de la Cámara Nacional de la Industria Lechera “son quienes dan órdenes a los funcionarios de la Secretaría de Economía, e incluso han demostrado tener más poder allí, que los propios diputados en el Congreso de la Unión.

 

Lamentó que el Gobierno Federal no se ocupe de “revertir la estafa a la que han sido sometidos los lecheros del país, la cual ha sido “orquestada por la Secretaría de Economía, tras aceptar las pésimas políticas públicas lecheras aplicadas por los industriales que actúan sin escrúpulos afectando a más de 700 mil productores.

 

A su modo de ver, “es un plan estratégico para eliminarnos de la actividad, pues no entendemos de otro modo tanta saña contra los productores primarios y por qué tantos privilegios a la industria de envase de leche asentada en México”.

 

Hizo saber que entre los privilegios de que gozan los empresarios lecheros figura la condonación del pago de impuestos compensatorio por 4 mil millones de dólares durante el periodo de desregulación del TLCAN, 1994-2008, fecha en que los productores mexicanos “fuimos marginados para poder aliar la producción de leche e importación de la misma, así como sus derivados”.

 

Denunció que la Secretaria de Economía carece de supervisores para revisar los productos que elaboran los industriales lecheros, que son de pésima calidad para el consumo humano. Explicó que a partir de la fecha mencionada a la actualidad han quebrado más de 600 mil productores, casi 50 por ciento del total de productores, y ya sólo quedan 150 dueños de establo con más de 6 millones de vacas productoras, los cuales aportan 50 por ciento de la leche que se produce en el país y tienen más de 550 mil empleados.

 

Ferrari se niega a recibirlos aunque ya le informaron que “los productores estamos al límite y lo peor vendría en caso de desplomarse la actividad lechera, con lo que desaparecerían esos 550 mil empleos”, indicó.

 

“Ellos, los empresarios, y los dirigentes de la Cámara se oponen a aumentar a los más de 700 mil productores un peso por litro, pues tendrían que pagarla a 5 pesos con 70 centavos litro”, a lo que se resisten, definió González Muñoz.

 

Por la inutilidad de nuestros esfuerzos para que la Secretaría de Economía nos haga justicia y no presione a los empresarios envasadores en ese sentido, con todo y que venden el litro a más del doble de lo que nos pagan, estudiaremos la posibilidad de solicitar el apoyo de la Cámara de Diputados, pues tenemos la esperanza de que sus determinaciones o los puntos de acuerdo no queden en el papel, como los empresarios dicen que sucede, dijo el declarante.

 

Recalcó que quizá tienen razón, pues las marchas y plantones, así como pláticas con legisladores de diferentes partidos políticos nacionales y funcionarios de las secretarías de Economía y de Agricultura “han resultado negativas”.

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