 La tragedia humana por la que atraviesa el país debido a la prolongada y extrema sequía pone de manifiesto, una vez más, la incapacidad que hay en nuestro país para prever y planear. Cierto, en las últimas décadas se ha observado un aumento en la frecuencia de fenómenos inusuales como inundaciones -debido a lluvias muy intensas, principalmente en la porción del sureste mexicano- y prolongadas e inéditas sequías en el norte de la República, lo que indica claramente que estamos inmersos en un problema de cambio climático, que con los años tenderá a agravarse.
Sin embargo, en este contexto es necesario señalar que la sequía no tiene como único origen el calentamiento global. Las extremas consecuencias de este fenómeno -que trae aparejado fuertes impactos sociales, ambientales y económicos- se debe también a las malas prácticas de gestión del suelo.
De acuerdo con los expertos, en las regiones afectadas por la sequía se ha promovido un tipo de desarrollo no sustentable, donde destaca el uso de tecnologías contaminantes que han afectado de manera extrema el ecosistema natural. Esto se ha dado precisamente en una zona del país donde el agua es un recurso vital limitado, pero donde se concentra alrededor de 77 por ciento de la población y 85 por ciento del Producto Interno Bruto.
Así, el escenario actual en la región se presenta como desolador: acuíferos sobreexplotados, millones de hectáreas salinizadas y contaminadas con agroquímicos, así como un medio ambiente donde ha sido eliminada una buena parte de la flora y fauna nativa. En tanto, sin patrimonio, sin agua y sin alimentos, las comunidades más pobres se encuentran desoladas, desesperadas, en la plena orfandad.
Diversos especialistas han destacado -como ejemplos- que en ciudades como Aguascalientes se tiene que bombear el agua desde cientos de metros de profundidad o que en regiones como la Comarca Lagunera, en Durango, el problema es que el vital líquido contiene cantidades muy altas de arsénico. En un contexto así de grave la entrega de despensas, agua o incluso de los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), por parte de las autoridades gubernamentales, no pasan de ser meras medidas asistencialistas que no llegan a la raíz del problema.
Para los especialistas la amplia región afectada por la sequía no sólo demanda recursos públicos sino, sobre todo, soluciones de fondo. Esto implica un verdadero plan de emergencia en todas sus dimensiones, que implique un cambio radical en la política agraria del Estado mexicano.
No es momento, pues, de acciones paliativas. Se requiere un cambio de fondo; es decir, de políticas públicas que incentiven la producción agrícola y ganadera con una visión sustentable y de apoyo al pequeño productor. De entrada, levantar el veto al fondo de recursos extraordinarios aprobado por el Congreso podría ser una buena señal. Si no cambian las tendencias el país, advierten los especialistas, podría ir directo al desastre.
CIERRA EL GOBIERNO FEDERAL LAS LLAVES DEL DINERO
Los cálculos del INEGI son rotundos: alrededor de 48 millones de mexicanos padecen ya las consecuencias de la sequía; se trata de un problema que afecta a dos de cada tres hectáreas; los resultados representan "una pérdida del 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de manera anual", señala el organismo.
Pese a lo devastador de este informe, el presidente Felipe Calderón no ha levantado -ni se ven indicios de que vaya a hacerlo- el doble veto a los recursos extraordinarios para atender la sequía aprobados por el Congreso federal, primero por diez mil millones de pesos en diciembre, y por 15 mil millones de pesos en abril de este año.
El proyecto de decreto de diciembre planteaba modificaciones al presupuesto 2012 para crear el citado fondo; según el proyecto de abril, el dinero debía salir de los recursos excedentes por la venta del petróleo, subejercicios del ejercicio presupuestal de 2011 y/o economías de ese mismo año.
Sin embargo, en ambos casos los proyectos fueron vetados. En su lugar el gobierno federal anunció en enero pasado que destinaría recursos por 34 mil millones de pesos "para atender a la población afectada y apoyar a los sectores productivos". Sin embargo, aquéllos ya se encontraban etiquetados en otros programas institucionales; es decir, ya estaban asignados en el Presupuesto de Egresos. Aún más, dichos recursos han fluido hacia los estados afectados a cuentagotas; además, de acuerdo con los ejecutivos estatales, no se ha reconocido la magnitud del problema dejando grandes regiones desprotegidas.
Una de las consecuencias de la decisión presidencial ha sido la politización del tema. En este contexto -mientras millones de mexicanos siguen inmersos entre la desesperación y la desesperanza- gobierno federal y gobiernos estatales, por una parte, y legisladores, por otra, se han enfrascado durante meses en agrias discusiones que, al cierre de esta entrega, no tenían visos de cesar. El camino de desencuentros, pues, ha sido arduo y largo, como si este asunto no tuviera que ver con la soberanía alimentaria y la escasez de un bien común, vital e insustituible, como es el agua. Como si de ambos factores no dependiera también la estabilidad social de la nación.
Los argumentos
En diciembre, al argumentar las razones que lo llevaron al primer veto, Calderón esgrimió que no podía ser "irresponsable para sacar recursos de las reservas nacionales". Omitió, sin embargo, que las reservas internacionales suman alrededor de 156 mil 472 millones de dólares, esto es, que los recursos aprobados por el Congreso para paliar los efectos de la sequía representan poco más de 0.5 por ciento de esos recursos.
Más tarde, al oficializar el segundo veto -apenas el 1 de junio- en un documento enviado por la Secretaría de Gobernación (Segob), el Ejecutivo argumentó que el decreto aprobado por los diputados es jurídica y materialmente imposible, "ya que no se puede disponer de recursos de un ejercicio fiscal que ya concluyó, como es el de 2011, toda vez que los ingresos excedentes del petróleo, los subejercicios y las economías ya se gastaron el año pasado, como lo establece la ley". Además, insistió, en que "ya se está aplicando un presupuesto de 34 mil millones de pesos". Según la Segob, de enero a mayo se han ejercido 27 mil 534 millones de pesos.
En respuesta, legisladores de oposición han subrayado que "una situación extraordinaria requiere de acciones extraordinarias y de recursos también extraordinarios", por lo que consideran que el gobierno federal ha incumplido ante una situación que cada vez crece y se complica más.
Al cierre de esta entrega, el debate subía de tono y abría la puerta a una controversia constitucional, cuando la Junta de Coordinación Política de San Lázaro solicitó al presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Arce Paniagua, publique en el Diario Oficial de la Federación el decreto antisequía, luego de que se venció el plazo para que el gobierno federal lo promulgue. Ello podría escalar la confrontación entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo. El caso, para algunos, podría terminar en la Suprema Corte de Justicia.
EL PRINCIPAL IMPACTO, PARA AGRICULTORES Y GANADEROS
En 2009 se presentó en México la segunda peor sequía en 70 años. Para 2010, pese a que fue el año más lluvioso del que se tenga registro, el problema empeoró y en 2011 la sequía fue entonces catalogada como crítica por autoridades y expertos, luego de que se dio a conocer que 40 por ciento del territorio nacional reportaba esta situación.
Este año, aunque de acuerdo con cifras oficiales la situación ha mejorado "un poco", la problemática persiste en 60 por ciento del territorio, especialmente en el norte.
"La sequía es la más severa que el país haya registrado", admitió Felipe Arreguín, subdirector técnico de la Conagua, quien destacó que el principal impacto ha sido para los agricultores y ganaderos de temporada en pastos secos en estados como Durango, Zacatecas, Chihuahua, Coahuila y San Luis Potosí.
"Allí, la sequía es terrible y le está pegando primero que nada a la gente con menos recursos."
Ante ello, el gobierno federal ha desarrollado diferentes acciones y programas para contrarrestar la situación.
Tan sólo los datos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) indican que aunque las condiciones de humedad en los estados afectados tienden a normalizarse, de acuerdo con las mediciones del Monitor de la Sequía, la situación continuará, por lo que la ayuda humanitaria seguirá hasta que se supere totalmente la emergencia.
La dependencia federal explicó que la población continuará padeciendo por varios meses más los efectos de la sequía, hasta que se normalice el suministro de agua y pueda recuperar sus cosechas de autoconsumo.
Actualmente, los tres órdenes de gobierno trabajan de manera coordinada con los comités ciudadanos de transparencia.
Hasta ahora se han atendido a 470 mil familias en cuatro mil 820 comunidades, suministrándoles agua para consumo humano y alimentos que les permitan sobrevivir a la severa sequía en los estados del centro y norte del país.
Las entidades más afectadas por la sequía son hoy: Coahuila, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Sinaloa, Sonora, Baja California Norte y Sur, así como una porción de Jalisco.
Heriberto Félix Guerra, titular de la Sedesol, resaltó que las poblaciones indígenas son las que reciben mayor atención, y puso como ejemplo a los habitantes de la Sierra Tarahumara, donde cada semana se entregan 40 mil paquetes alimentarios a través de los 107 albergues de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
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